El nuevo régimen reglamentario del DHS que rige el motivo de inadmisibilidad por “carga pública” está vigente desde el 18 de septiembre de 2026 y ha hecho que la evaluación sea considerablemente más discrecional, lo que podría afectar a un sector más amplio de la población. Esta regla afecta a las solicitudes de ajuste de estatus presentadas a partir del 18 de septiembre.
Tenga en cuenta que, al momento de redactar este artículo (25 de septiembre de 2026), hay varias demandas en curso que impugnan la legalidad de la promulgación de esta regla por parte del DHS y buscan que se anule, lo cual, según su resultado, podría limitar o revertir en el futuro los cambios introducidos por esta regla.
Mientras la regla siga vigente, vale la pena analizar con detenimiento las nuevas normas, ya que cambiaron de manera significativa la forma en que el gobierno examina si una persona es “probable que se convierta en una carga pública” como posible motivo de inadmisibilidad.
Todo solicitante que busque ajustar su estatus para obtener la green card debe demostrar que no está sujeto a ningún motivo de inadmisibilidad, incluido que “no es probable que se convierta en una carga pública”.
A continuación se presenta un resumen de algunos de los cambios principales, a quiénes afectan y a quiénes no, y lo que los solicitantes deben tener en cuenta al preparar sus casos.
- La nueva regla de DHS de 2026 hace la evaluación de carga pública mucho más discrecional, sin definiciones reglamentarias claras y basada en la “totalidad de las circunstancias”.
- Ahora pueden perjudicar Medicaid, SNAP y otros beneficios (incluidos los de familiares del hogar) recibidos tras el 18 de septiembre de 2026, sin límites claros de factores.
- Un Formulario I-864 suficiente deja de ser garantía; se examinan también ingresos, beneficios, convivencia y antecedentes del patrocinador, mientras exenciones legales como asilo y refugio se mantienen.
Cómo cambia la regla final el motivo de inadmisibilidad por carga pública
Una evaluación más amplia de la carga pública
La definición de “carga pública” quedó más abierta a la interpretación. La agencia ahora utiliza una evaluación más amplia basada en la “totalidad de las circunstancias” para determinar si es probable que una persona se convierta en una carga pública, incluido el recibo de cualquier beneficio público sujeto a comprobación de recursos.
El efecto principal de la nueva regla es que eliminó las disposiciones reglamentarias de 8 C.F.R. 212.20, 212.21 y 212.23 que definían específicamente qué significaba ser “probable que… se convierta en una carga pública”.
Las normas anteriores aclaraban que esto se refería a situaciones en las que es probable que una persona llegue a ser “principalmente dependiente del gobierno para su subsistencia”, lo cual se demostraba por haber recibido “asistencia en efectivo” para el mantenimiento de ingresos, definida como SSI, TANF o programas estatales y locales equivalentes, o por estar internada a largo plazo en un hogar de ancianos o una institución de salud mental financiados por el gobierno.
La nueva regla eliminó por completo estas secciones, por lo que ya no existe un criterio reglamentario claro que oriente al funcionario de la agencia para determinar a quién se considera probable que se convierta en una carga pública y qué tipos de beneficios públicos perjudican a la persona. Los funcionarios ahora deben basarse en las guías internas de la agencia (que pueden establecerse y modificarse en cualquier momento) y en su propia discreción.
Ahora rigen los factores mínimos de la ley
Sin las disposiciones reglamentarias específicas, ahora rigen las definiciones abiertas de la propia ley, la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), en la sección INA 212(a)(4), donde la “carga pública” no está definida expresamente. La ley establece cinco factores “mínimos” que deben considerarse: la edad, la salud, la situación familiar, los bienes y la situación económica, y la educación y las habilidades, pero no fija un límite sobre qué otros factores pueden tomarse en cuenta.
Medicaid, SNAP y los beneficios recibidos después de la fecha de vigencia
El efecto práctico de este cambio es que el historial de una persona en el recibo de una gama más amplia de beneficios públicos ahora puede perjudicarla en este nuevo análisis discrecional, si esos beneficios se recibieron después de la fecha de vigencia de la regla. Por ejemplo, el recibo de beneficios de Medicaid y SNAP, que antes estaban excluidos de la evaluación, ahora es relevante si se recibieron a partir del 18 de septiembre de 2026.
Sin embargo, cabe señalar que el amplio alcance de la autoridad discrecional del DHS no termina ahí y no se limita a incorporar Medicaid y SNAP a la evaluación. Conforme a las nuevas normas, técnicamente no hay límite sobre qué otro factor puede servir de base para una determinación de inadmisibilidad por “carga pública”, y a los funcionarios no se les prohíbe considerar cualquier otro aspecto de la situación económica de una persona, incluso más allá de si recibió o no beneficios públicos.
Beneficios recibidos por los miembros del hogar
También puede considerarse el recibo de beneficios públicos por parte de otros familiares del hogar del solicitante, si el beneficio se otorgó en función de que los ingresos o bienes del propio solicitante estaban por debajo de cierto umbral.
Otro cambio significativo en el alcance de la evaluación de “carga pública” conforme a las nuevas normas es que ahora los funcionarios pueden incluso considerar el recibo de beneficios públicos por parte de otros miembros del hogar del solicitante como un factor relevante en el análisis de “carga pública”, en los casos en que los beneficios se otorgaron con base en una evaluación de que los ingresos o bienes del propio solicitante estaban por debajo de cierto nivel.
La declaración jurada de patrocinio I-864 ya no es una garantía
En el caso de los solicitantes patrocinados por familiares, presentar la declaración jurada de patrocinio económico I-864 no siempre garantiza que el solicitante cumpla este requisito.
Las nuevas disposiciones también eliminaron otra disposición expresa, 8 C.F.R. 212.22(a)(2), que reconocía que, si un inmigrante patrocinado por un familiar presenta un Formulario I-864, Declaración Jurada de Patrocinio Económico, válido, el DHS debía considerarlo de manera favorable al determinar la inadmisibilidad por carga pública. Con la nueva regla y las guías internas, USCIS ahora sostiene que un Formulario I-864 suficiente es solo uno de los factores dentro del análisis de la totalidad de las circunstancias.
Esto significa que los funcionarios de USCIS están facultados para ir más allá de un I-864 suficiente y examinar otros hechos, como si el patrocinador estadounidense recibe beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos, si el patrocinador estadounidense vive con el beneficiario, en qué medida los ingresos del patrocinador estadounidense superan el nivel exigido por la ley y si el patrocinador estadounidense tiene antecedentes de bancarrota, entre otros.
Por lo tanto, presentar un I-864 suficiente ya no será una protección segura contra una determinación de inadmisibilidad por “carga pública”, y los casos respaldados por un I-864 recibirán un escrutinio mayor que antes.
A quiénes generalmente no afectan las nuevas normas de carga pública
Las exenciones de ley se mantienen; las reglamentarias podrían no mantenerse
La nueva regulación, por lo general, no afecta las exenciones establecidas por ley para asilados, refugiados y beneficiarios de visas T, visas U y VAWA, quienes están exentos del motivo de inadmisibilidad por “carga pública” conforme a la INA.
Debido a que las nuevas normas consisten en cambios a nivel reglamentario, ciertas exenciones establecidas a nivel de ley se mantendrán intactas. Esto debería tranquilizar a ciertos grupos, como los refugiados, los asilados y los beneficiarios de visas T, visas U y VAWA, que están exentos del motivo de inadmisibilidad por “carga pública” en virtud de las disposiciones expresas de la propia INA o de cualquier otra ley. Estos grupos seguirán estando exentos.
Sin embargo, los grupos que estaban exentos únicamente en virtud de las disposiciones reglamentarias de 2022 podrían perder su exención.
Titulares actuales de la green card
Por lo general, los titulares actuales de la green card no están sujetos a un nuevo examen de admisibilidad, a menos que regresen de una ausencia prolongada o hayan cometido un delito comprendido en la sección INA 212(a)(2).
Normalmente, los titulares actuales de la green card no tendrían motivo para ser examinados nuevamente sobre si siguen cumpliendo los requisitos de admisibilidad conforme a las normas de “carga pública”, por lo que probablemente no se verían afectados, salvo en algunas situaciones especiales.
Regreso después de más de 180 días en el extranjero
La primera situación se presenta si el titular de la green card viaja fuera de los Estados Unidos, permanece en el extranjero por más de 180 días e intenta volver a ingresar al país. En ese momento, el titular de la green card vuelve a considerarse un “solicitante de admisión”, por lo que tendría que demostrar que no está sujeto a ningún motivo de inadmisibilidad, incluido el requisito de “carga pública”.
Motivos penales conforme a la sección INA 212(a)(2)
La segunda situación se presenta si el titular de la green card ha cometido un delito comprendido en la sección INA 212(a)(2). Si viaja al extranjero e intenta volver a ingresar, nuevamente se le consideraría un “solicitante de admisión” y tendría que demostrar que no está sujeto a ningún motivo de inadmisibilidad.
La naturalización es una evaluación distinta
La admisibilidad no es un requisito para la naturalización cuando un titular de la green card solicita la ciudadanía estadounidense. Para ello se aplica un conjunto distinto de requisitos de elegibilidad, entre ellos la admisión legal como residente permanente legal (LPR), la presencia física, la residencia continua y el buen carácter moral. USCIS aún puede cuestionar si el solicitante cumplía todos los requisitos de admisibilidad en el momento en que ajustó su estatus para convertirse en residente permanente legal (LPR), pero por lo general no supervisa si sigue cumpliendo estos criterios después de su última admisión como LPR.
Cómo preparar su solicitud de green card conforme a las nuevas normas de carga pública
El análisis de carga pública ahora depende de la discreción del funcionario y del panorama completo de las finanzas, el hogar y el patrocinio del solicitante. Si usted se prepara para ajustar su estatus, o desea entender cómo podrían evaluarse los beneficios que recibió en el pasado o el Formulario I-864 de su patrocinador, los abogados de Scott Legal, P.C. pueden revisar su situación y ayudarle a presentar el expediente más sólido posible. Programe una consulta para analizar sus opciones.
